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Disputas entre la Asamblea Popular y el gobierno chino

La Embajada de China en España ha solicitado este jueves al Gobierno que tome "medidas inmediatas y efectivas" para que la querella presentada en la Audiencia Nacional sobre los disturbios que se registraron el pasado año en Tíbet, en los que podrían haber muerto unas 200 personas, "sea retirada cuanto antes ", con el objetivo, ha advertido, de "evitar posibles estorbos y daños en las relaciones bilaterales entre China y España". En la misma línea, ha pedido a la Audiencia Nacional que "cese de inmediato" la investigación iniciada por el magistrado Santiago Pedraz sobre este caso "infundado y falso" y le recuerda que carece de jurisdicción para ello.

En un comunicado, la Embajada china ha asegurado que "conforme al Derecho Internacional y las normas de las relaciones internacionales universalmente reconocidas", los líderes y los funcionarios gubernamentales de los países "gozan de la inmunidad soberana y no están sujetos a la jurisdicción de los países ajenos". El juez Pedraz solicitó a China que le permita interrogar como imputados a tres ministros -Defensa, Seguridad del Estado y Seguridad Pública- y cinco altos cargos de este país por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín.

En opinión de la Embajada, la Audiencia Nacional debe "cesar de inmediato" las investigaciones sobre un caso que considera "infundado y falso" y en el que "se ha hecho sordo ante los hechos reales, confundiendo lo blanco con lo negro" y "atropellando deliberadamente las relaciones interncionales". "Deseamos que el Gobierno de España comprenda y respalde la acuciante preocupación y posición y principios de China en la salvaguardia de la reunificación y la integridad territorial del país", ha señalado.

"Incidentes y calumnias"

En este sentido, la Embajada señala que "el incidente" registrado el 14 de marzo del pasado año en Lhasa -que se saldaron con 203 muertos, más de mil lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos, según la querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) y otras dos asociaciones- fue "organizado, premeditado, planificado e incentivado por la camarilla escisionista de Dalai Lama".

En la misma línea, la querella presentada por los "independentistas tibetanos" en base a "testimonios falsificados y calumnias" tiene "la intención evidente" de "difamar al Gobierno chino, dividir China y sabotear las relaciones entre China y España". "Las medidas adoptadas por las autoridades correspondientes del Gobierno local de Tíbet de China, de acuerdo con lo establecido jurídico, han contado con el apoyo de todo el pueblo chino incluyendo los compatriotas tibetanos", concluyó la Embajada.

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4 comentarios

Jaime -

El juez Moreno pide a China que interrogue a su ex presidente
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido a China que interrogue al ex presidente Jiang Zemin y a otros seis altos cargos como supuestos autores de delitos de lesa humanidad, genocidio, y torturas en la causa que investiga la represión cometida en Tíbet a partir de 1950.
En su escrito, Moreno exige también las declaraciones de otros históricos del PCCh, como el secretario en el Tíbet entre 1971 y 1980, Ren Rong; su sucesor hasta 1985 y participante en la ocupación, Yin Fatang; y el siguiente en el puesto hasta 2001, Chen Kuiyuan.
También pide la remisión de las respuestas de varios ex responsables del Gobierno, entre ellos el primer ministro entre 1998 y 2003, Li Peng; el responsable de la policía a finales de los ochenta; y el ministro de Planificación Familiar en los noventa. Están acusados de crímenes contra el pueblo tibetano por "la práctica sistemática de la tortura", y de promover medidas dirigidas a "impedir" la reproducción en el grupo.

Jaime -

Pedraz pide a China que le permita interrogar a tres ministros por la represión en Tíbet
El juez les imputa crímenes contra la humanidad por 203 muertes, 1.000 heridos y casi 6.000 detenciones ilegales.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado permiso al Gobierno chino para interrogar a tres de sus ministros contra los que encuentra indicios de crímenes contra la humanidad. El magistrado aprecia indicios de delito en la actuación de Lian Guanglie, ministro de Defensa, Geng Huichang, de Seguridad del Estado, y el de Seguridad Pública, Mel Jianzhu, por haber orquestado supuestamente "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana" que causó 203 muertes, más de 1.000 heridos y 5.972 detenciones ilegales y desapariciones desde el 10 de marzo y en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Pekín.
Además de a los tres ministros, Pedraz quiere tomar declaración como imputados por los mismos delitos al secretario del Partido Comunista Chino en la Región Autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, a Wang Lequan, miembro del politburó en Pekín, al líder de la comisión china de Asuntos Étnicos, Li Dezhu y al general Tong Guisan, comandante del Ejército chino en Lhasa, la capital tibetana.
Los hechos que se les imputan a todos ellos son constitutivos, según el juez, de un delito de lesa humanidad "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", afirma el juez Pedraz, que considera la población tibetana "un grupo o colectivo perseguido por las autoridades citadas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género".
El juez solicita a todos los querellados que designen un domicilio en España donde se les pueda notificar las diligencias "con la advertencia de que las citación realizada en dicho domicilio (...) permitirá la celebración del juicio en su ausencia". Además, les pregunta si desean prestar declaración ante el propio Pedraz o ante un tribunal chino. Además de la de Pedraz, la Audiencia Nacional mantiene otra investigación penal abierta por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades chinas contra la población tibetana. El juez Ismael Moreno solicitó el pasado 9 de abril al gobierno de ese país que interrogue al ex presidente Jian Zemin y a otros seis altos cargos como supuestos autores de genocidio y torturas en Tíbet a partir de 1950.

Jaime -





Admitida a trámite una querella contra siete altos cargos chinos por la represión en el Tíbet
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y el ciudadano Tubten Wahghen Sherpa Sherpa contra siete autoridades del Gobierno chino por un delito de lesa humanidad por dirigir desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", que acabó con 203 muertos, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.
• El Gobierno apoya que los atletas no hablen de política durante los JJ OO de Pekín
• China pide "medidas efectivas" para que la Audiencia abandone el caso sobre Tíbet
Entre los investigados hay dos ministros chinos, el de Defensa, Lian Guanglie, y el de Seguridad del Estado, Geng Huichang, además del responsable del Partido Comunista chino en el Tibet, Zhang Qingli
También se encuentran en este grupo otros altos cargos del Politburó, como el líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Delito de lesa humanidad
Pedraz estima que la Justicia española tiene competencias para investigar los hechos que pueden constituir delito de lesa humanidad, previsto en el artículo 607 bis del Código Penal.
De acuerdo con el auto emitido por el juez, a sólo tres días del inicio de los juegos Olímpicos, la población tibetana es "un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
La Audiencia Nacional se declaró en 2006 con competencias para investigar el genocidio al no poder ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional. El también magistrado de la Audiencia, Ismael Moreno, tiene abierta desde ese año una causa en la que investiga el supuesto genocidio del Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.

Jaime -

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiere interrogar a siete ex altos cargos del Gobierno y del Partido Comunista chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el antiguo primer ministro Li Peng, en su investigación sobre el genocidio tibetano tras la invasión china en 1950. El juez ha pedido a las autoridades chinas tomar declaración a los dirigentes contra los que se querelló el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) en 2006.
Jiang Zemin, ahora máxima autoridad del Ejército chino, fue supuestamente el organizador de la "estrategia de colonización" de ese territorio en los ochenta y noventa mediante el envío de población china, según la querella. Li Peng, por su parte, está acusado por CAT de organizar la represión contra el pueblo tibetano y de establecer una política de natalidad con el objetivo de "mejorar la calidad de la población" en ese territorio.
En la segunda causa de la Audiencia contra por la represión china en Tíbet, la abierta por delitos de lesa humanidad contra dos ministros del gobierno actual de China y varios miembros del Politburó del PCCh por la represión previa a los Juegos Olímpicos de Pekín, declaró el jueves el disidente Harry Wu, testigo de los campos de trabajos forzados tras pasar en uno 25 años.
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